La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a 120 licitantes, proveedores y contratistas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el primer semestre de 2023 por infracciones cometidas a las leyes en materia de contrataciones públicas y la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (LFACP).
Los licitantes, proveedores y contratistas pagaron multas por un monto global de 900 millones 783 mil 881 pesos, informó la dependencia a cargo de Roberto Salcedo.
Agregó que las conductas más recurrentes de los licitantes, proveedores y contratistas fueron proporcionar información falsa en los procedimientos de contratación y la no formalización de contratos adjudicados.
También hubo de los licitantes, proveedores y contratistas incumplimientos contractuales, que causaron daños graves al erario público, de acuerdo con las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).
La Función Pública impuso 12 sanciones, a 11 empresas, en términos de la la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, vigente al momento de los hechos, por haber realizado acciones que tuvieran por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en las contrataciones públicas de carácter federal, así como haber realizado actos u omisiones para evadir los requisitos o reglas establecidos o simular su cumplimiento en las mismas.
Estas sanciones, impuestas mediante los Órganos Internos de Control y la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, incluyen 82 inhabilitaciones que van de los 3 meses a los 7 años.
Las inhabilitaciones están en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados: https://directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx y su registro puede variar dependiendo de las determinaciones dictadas en los medios de impugnación interpuestos.
En cumplimiento al Programa Sectorial de Función Pública y al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la SFP cuenta con atribuciones para llevar a cabo procedimientos de sanción a licitantes, proveedores y contratistas cuando infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas, lo que contribuye a prevenir e inhibir actos de corrupción.
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